Interdicción De Derechos Y Funciones Públicas Se Aplica A Delitos Culposos

Aunque la naturaleza de los delitos culposos amerita que se les dé un tratamiento legal más favorable que a los cometidos con dolo, esto no implica que estén exentos de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. Po el contrario, esa inhabilidad se impone siempre que se aplica la pena privativa de la libertad, por orden del artículo 52 del Código Penal (L. 599/00).

Así lo aclaró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver una acción de tutela interpuesta por un funcionario contra una sentencia que lo condenó a siete meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación por el mismo tiempo.  El funcionario fue hallado responsable de lesiones personales culposas, a raíz de un accidente de tránsito.

 

 

 

Según el accionante, la pena de inhabilitación no guardaba ninguna relación con la comisión del delito que motivó la condena.  De hecho, alegó, inhabilitar a los responsables de delitos culposos para ejercer funciones públicas es desproporcionado.  La sala negó el amparo, pues, en su opinión, sí existen diferencias en el tratamiento que se les da a los delitos culposos y a los dolosos.  Según lo explicó, el trato benigno que favorece a los primeros se concreta en el quantum de la pena, es decir, en el respeto a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que deben ser aplicados por el juez.

 

 

 

En consecuencia, la naturaleza de los delitos culposos no impide sancionar a sus responsables con la interdicción de derechos y funciones públicas, sino que supone, simplemente, que las condenas son menos drásticas, en virtud de los límites previstos por el legislador.  Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los hechos punibles que afectan el patrimonio del Estado.  Si el acto es doloso, se sanciona con una inhabilidad perpetua para el ejercicio de funciones públicas.  En cambio, si es culposo, la inhabilidad está limitada en el tiempo.

 

 

 

El artículo 52 del Código Penal permite que el juez imponga penas accesorias, es decir, privativas de derechos diferentes a la libertad, cuando esos derechos tuvieron una relación directa con la realización  de la conducta punible o cuando su restricción contribuye a la prevención a la prevención de conductas similares.

 

 

 

Por eso, el actor consideró que la inhabilitación para ejercer funciones públicas fue arbitraria.  A su juicio, su función como servidor público no tuvo nada que ver con la comisión del delito.   La sala, por su parte, advirtió que las pautas que consagra el artículo 52 para decidir la procesabilidad de las penas accesorias se aplica de forma general, pero la pena de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas se somete a unas reglas específicas.

 

 

 

En efecto, el artículo 52 indica que la pena de prisión conlleva la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena principal y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo legal.  Por lo tanto, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas se aplica conjuntamente con la privativa de la libertad, independientemente de que el delito se cometa con dolo o culpa, concluyó la sala.

 

 

 

En todo caso, indicó que la negación de la tutela no implicaba que el accionante debiera abandonar su empleo como gerente de un hospital público, pues los efectos de la pena accesoria estaban suspendidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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